Zona gris

En enero de 2022, en un tribunal de Nueva Jersey, un grupo de abogados terminó de discutir una pregunta que en cualquier otro siglo habría contestado un ejército, un parlamento o un tratado: si lo que pasó el 27 de junio de 2017 fue, o no fue, un acto de guerra. La demandante era Merck, la farmacéutica. Ese día de 2017, un malware que se hacía pasar por ransomware —NotPetya— entró a sus redes y le detuvo la producción; el ataque no iba dirigido a ella: iba dirigido a Ucrania, sembrado en el mecanismo de actualización de un software contable ucraniano, y desde ahí se derramó sobre todo lo que estuviera conectado, incluida una farmacéutica de Nueva Jersey, una naviera danesa y una fracción medible del comercio mundial. Merck reclamó a sus aseguradoras alrededor de mil cuatrocientos millones de dólares. Las aseguradoras respondieron señalando una cláusula que llevaba décadas dormida en la letra chica: la exclusión por «acción hostil o bélica» de un Estado. Y ahí quedó armada la escena que me interesa: para no pagar, las aseguradoras necesitaban probar que hubo guerra; para cobrar, la víctima de la potencia atacante necesitaba probar que no la hubo. El tribunal falló que la exclusión no aplicaba —que esa cláusula estaba escrita para ejércitos, no para código— y las instancias siguientes lo sostuvieron hasta que las partes arreglaron. Nadie declaró la guerra. Nadie firmó la paz. Pero en algún archivo judicial de Nueva Jersey existe la única deliberación institucional seria que el siglo le dedicó a la pregunta, y la deliberó un pleito de seguros.

La guerra dejó de ser un estado y pasó a ser un gradiente. Durante la mayor parte de la historia moderna, guerra y paz fueron estados discretos con transiciones documentadas: una declaración de entrada, un armisticio de salida, y entre ambos un régimen jurídico distinto — otras reglas, otros permisos, otra contabilidad de los muertos. Ese modelo asumía algo tan básico que nadie lo escribió como requisito: que se puede saber en cuál de los dos estados se está. La doctrina militar contemporánea le puso nombre al espacio donde ese saber se rompe — zona gris: el rango de operaciones diseñadas para quedar por debajo del umbral que justificaría una respuesta abierta. Y la palabra que trabaja ahí es diseñadas. La ambigüedad de la zona gris no es niebla de guerra, no es un subproducto del caos: es ingeniería. La atribución difícil no es un accidente del medio digital; es la propiedad por la que se lo eligió. Un misil trae remitente por física; un implante trae remitente solo si el operador fue descuidado. Quien opera en la zona gris está ejecutando un cálculo preciso sobre el umbral de respuesta del adversario — cuánto daño se puede infligir sin regalarle jamás el permiso político de responder. La pregunta «¿esto es guerra?» no quedó sin respuesta: quedó sin poder ser respondida, que es otra cosa, y es una cosa fabricada.

La guerra total alistaba al ciudadano con papeles; esta lo alista sin avisarle. La guerra total del siglo XX movilizó sociedades enteras, pero lo hizo de frente: cartilla de racionamiento, afiche de propaganda, la fábrica reconvertida, el bono de guerra. El civil sabía que era parte del esfuerzo porque el Estado se lo notificaba por escrito. La versión globalizada conservó la movilización y suprimió la notificación. En 2018, Cisco Talos documentó una botnet —VPNFilter— instalada en alrededor de medio millón de routers hogareños y equipos de oficina chica en medio centenar de países: el router de una casa cualquiera, el aparato con las luces titilando junto al módem, reclutado como infraestructura de estacionamiento y lanzamiento para operaciones atribuidas al mismo actor estatal detrás de NotPetya. El dueño del router no firmó nada, no supo nada, no habría entendido la citación si se la mandaban — y su living era, técnicamente, territorio en disputa. Lo mismo corre por las otras capas: la indignación de un usuario cualquiera, amplificada cinco veces por el algoritmo como escribí en Cinco puntos por la ira, es munición de una operación de influencia que no necesita reclutarlo porque le alcanza con provocarlo; su fondo de pensión tiene exposición a los activos sancionados; su supermercado le informa la guerra económica por precio, sin membrete. Y la conectividad misma que lo vuelve reclutable es terreno que su propio Estado puede confiscar de un plumazo, también sin notificarle, como escribí en Dejar de anunciarse. El microcampo de batalla no es una metáfora sobre el clima de época. Es una descripción de inventario: el ciudadano aporta cómputo, atención, ancho de banda y ahorro al esfuerzo bélico de alguien, casi siempre sin saber de quién. La conscripción llegó; la cédula, no.

Los documentos fundacionales de esta guerra tienen un problema: los mejores son falsos. Acá tengo que auditar las fuentes, incluida la mía, porque este ensayo sale de una nota vieja que cita sin pestañear un texto llamado Armas silenciosas para guerras tranquilas — presentado durante décadas como documento clasificado filtrado, un manual de élite para el control económico y psicológico de las poblaciones. Ese documento es un fraude. Circuló fotocopiado, ganó su fama en el libro Behold a Pale Horse de William Cooper en 1991 — la biblia del conspiracionismo milenarista — y jamás resistió una verificación de origen. Y el caso simétrico, del lado respetable, es mejor todavía: la «doctrina Gerasimov», el nombre con el que Occidente bautizó la estrategia rusa de guerra híbrida, sale de un artículo de 2013 del jefe del estado mayor ruso que un analista —Mark Galeotti— etiquetó así en su blog; años después el propio Galeotti publicó una retractación con título de disculpa, admitiendo que no hay tal doctrina: Gerasimov describía, en buena parte, lo que Rusia creía que Occidente le estaba haciendo a ella. El manual secreto de un bando era una fotocopia apócrifa; el del otro, una lectura apurada. Y sin embargo — esta es la desagregación — los fenómenos que ambos papeles pretendían nombrar existen con documentación de sobra: la coerción económica es política pública declarada, las operaciones de influencia están indictadas con nombres y apellidos, NotPetya tiene atribución formal de media docena de gobiernos. Rechazo los documentos y me quedo con los hechos. Pero me interesa el patrón de por qué florecen justo acá: la zona gris produce un vacío de atribución por diseño, y el vacío narrativo es insoportable — donde no hay firma, el mercado fabrica el documento firmado. El texto conspirativo es la falsificación que la propia guerra hace vendible: si el ataque real no trae remitente, alguien va a imprimir el remitente y cobrarlo. La conspiración no es el diagnóstico de la guerra silenciosa; es uno de sus síntomas.

Mi gremio también cobra peaje en esta niebla, y le toca auditoría. La palabra «ciberguerra» vende presupuesto, titulares y productos, y mi industria la usa con un entusiasmo que no siempre es analítico. La corrección clásica es de Thomas Rid, que en 2013 tituló un libro con la provocación Cyber War Will Not Take Place: casi nada de lo que llamamos ciberguerra califica como guerra en el sentido que la palabra tenía — es sabotaje, es espionaje, es subversión, tres oficios viejos con herramientas nuevas, ninguno de los cuales requiere la violencia declarada que define a la guerra. Diez años y un NotPetya después, la tesis de Rid quedó tocada — es difícil mirar diez mil millones de dólares de daño colateral con hospitales adentro y sostener el «no va a ocurrir» —, pero la parte que sobrevive es la advertencia sobre el vocabulario: si todo es guerra, la palabra deja de discriminar, y un gremio que declara la guerra permanente está fabricando, con las mejores intenciones, la misma indecidibilidad que denuncia — el estado de excepción perpetuo que ya describí en Vigilancia Permanente: OpSec Avanzado, Evasión Wi-Fi y Lecciones de STELLARWIND como el clima donde la vigilancia se naturaliza. Inflar la amenaza y disolverla son errores simétricos; los dos le regalan algo al operador de la zona gris. Uno le regala el pánico. El otro, la coartada.

Así que reformulo la pregunta de mi propia nota, porque estaba mal enunciada dos veces. La nota preguntaba: ¿es esta guerra más peligrosa porque es menos visible? La primera falla es que «visible» no es la variable — NotPetya fue visibilísimo, salió en todos los diarios; lo invisible no es el daño sino la autoría y el estatuto del daño. La segunda falla es más honda: preguntar «¿estamos en guerra o en paz?» es aceptar jugar en el tablero del que diseñó la indecidibilidad. La pregunta que trabaja es: ¿a quién le sirve que la pregunta no se pueda contestar? — y su corolario operativo: ¿qué se puede defender sin necesitar contestarla? Porque esa es la trampa fina de la zona gris: condiciona la defensa a una clasificación que nunca va a llegar. El defensor que espera saber si es guerra para actuar ya perdió; el que necesita atribución perfecta para parchear el router, también. La respuesta que me queda, y la doy con todas sus limitaciones, es que en el microcampo de batalla la unidad defendible no es el Estado — que seguirá litigando el estatuto del conflicto en foros que no deciden nada, como escribí en La guerra que no se declara — sino el nodo: la máquina, la cuenta, la atención propia. Hacer que el living deje de ser terreno utilizable no gana la guerra, entre otras cosas porque no hay guerra que ganar en el sentido viejo. Pero le sube el costo al que cuenta con que nadie audite su territorio ocupado, y en un conflicto de umbrales, subir el costo es la respuesta — la única que no requiere permiso político, la única que funciona igual con o sin atribución, la única disponible para el conscripto sin cédula. No es suficiente. Es necesaria, que ya sabemos que no es lo mismo, y en la zona gris puede que sea todo lo que hay.

Queda el residuo, y es la sala de Nueva Jersey. El tribunal decidió que aquello no fue guerra — a los efectos de la póliza —, y esa coletilla es el estado real del mundo: la pregunta más grave del derecho internacional, resuelta con alcance limitado, por la institución equivocada, porque las correctas no pueden tocarla sin consecuencias que nadie quiere. Entre los Estados que no declaran, los tribunales que deciden solo a ciertos efectos y los routers alistados que titilan en los livings, la paz que tenemos es la que cabe en una cláusula. Puedo estar equivocado también en esto. Pero cuando la guerra y la paz se volvieron indistinguibles, no se volvieron iguales: se volvió invisible la diferencia — y la diferencia, como siempre, es operativa: aparece cuando alguien tiene que pagar.